Los que “cobraban” en Astilleros Rio Santiago en su mayoría eran de Pringles

“La investigación se inició allá por fines de 2013 en Coronel Pringles, debido a un supuesto error administrativo en la liquidación de sueldos de un empleado del Astillero Río Santiago”, contó el fiscal de Delitos Complejos de La Plata, Jorge Paolini.
Agregó que “a partir de eso se pusieron en marcha diferentes medidas investigativas que determinaron el pase de la investigación a La Plata, donde está la sede del Astillero y la administración pública provincial; y rápidamente dictamos una orden de allanamiento y pudimos secuestrar material muy importante”.
“Eso, con otras medidas de prueba, nos permitió determinar la existencia de un circuito paralelo de liquidación y pago de sueldos en una modalidad contractual que permitía hacerse (a los imputados-detenidos) de fondos que estimamos en unos 16 millones de pesos”, aseveró el funcionario en la continuidad de la nota.
Explicó a su vez que “en el siglo XXI es muy difícil que en la administración pública y los grandes organismos la gente no cobre al menos en el banco; aunque no sea con tarjeta de débito. Eso nos llevó a sospechar, porque desde el Astillero nos habían dicho que todo el mundo cobraba de esa forma, salvo casos particulares, cuando la gente había perdido la tarjeta o por algún anticipo jubilatorio”.
Ya entrando en el quit de la cuestión, o sea lo que lo llevó a prácticamente confirmar las sospechas, indicó que “también nos dijeron que había una única modalidad contractual a partir de la cual estas personas debían ir a cobrar personalmente al Astillero. Cuando vimos los legajos y comprobamos que muchos tenían domicilio muy lejos y que era muy difícil que prestaran funciones justamente desde tan lejos, posamos la lupa sobre esos contratos”.
“Advertimos que, siempre por orden del presidente (Héctor Scavuzzo), el gerente, el liquidador de sueldos y jornales del Astillero todos los meses iba a la Tesorería y ensobraba el dinero correspondiente a esta modalidad contractual con la excusa de que debía ser pagado a quienes figuraban como contratados en esa oficina de la Coordinación”.
“La realidad indica que esta gente nunca se presentó porque ni siquiera estaba al tanto y que se falsificaban los recibos de cobro de haberes a nombre de estas personas”, relaató Paolini, y añadió que “cuando uno puede verlos arrojan disparidad evidente entre las firmas mes a mes, lo que claramente indicaban que eran falsas”.
A la hora de explicar el porqué de los tiempos que llevó la investigación y la posterior detención de los funcionarios, el funcionario judicial dijo que “si bien la maniobra parece ser burda llevó tiempo descubrirla porque este delito, para poder perfeccionarse necesitó de una orden que claramente era jerarquicamente implementada a través del presidente, el gerente general y el liquidador de sueldos y jornales”.
“Por más que ahora sepamos cómo se realizaba la maniobra llevó tiempo reconstruir los hechos. Hace más de dos años que estamos trabajando en el tema. Los pasos que se dan son pequeños y lleva tiempo, pero a través del trabajo mancomunado de los instructores que trabajan conmigo y un grupo de contadores de la Procuración, específicamente del área de Policía Judicial, pudimos llegar a buen puerto”.
Consultado respecto de si a partir de que se diera a conocer la aprehensión de los funcionarios del Astillero se dieron más presentaciones espontáneas en la Fiscalía, señaló que “al momento de librar el pedido de detención teníamos un universo de casos muy importantes, unos 95 legajos, los cuales tenían elementos como para considerar que eran ficticios, y el juez coincidió con eso”.
“Posiblemente, de ahora en más, haya más gente que enterada por los medios y por la publicidad de la causa, concurra a fiscalía. Hasta ahora eso no sucedió”, remató Paolini.
Vale destacar que la causa del astillero, por la cual hay 6 detenidos, investiga el delito de peculado, que apunta al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo” y contempla penas de prisión de 2 a 10 años.
En resumen, según el fiscal Paolini, la operación en el astillero de Ensenada incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto y “cobraban” sueldos de entre 25 y 30 mil pesos. Muchos de los “ñoquis”, que ignoraban tal situación, vivían en Pringles.
Algo que llamó la atención al fiscal fue que, pese a tratarse de puestos jerárquicos de una empresa estatal, siendo 2012 –año de la supuesta malversación de fondos- cobraran en efectivo y no de manera bancarizada.
Es importante señalar que los detenidos son Héctor Scavuzzo (Es elx titular del ARS; Rodolfo Elisetch (Coordinador de sueldos), Oscar Borcerio (Ex secretario de Presidencia del ARS), Julio Borovik (ex gerente general de ARS), Andrés Ombrosi (jefe de Gabinete del ex ministro de Producción, Christian Breitenstein).
Además, ayer fue liberado Emiliano Giri, ahora ex titular del EMTUR de Mar del Plata, quien en 2013 fue candidato a concejal por el espacio de Francisco De Narváez y tiene un vínculo estrecho con José “Pepe” Scioli. Y además de ser parte del armado marplatense de Carlos Arroyo, fue candidato a diputado provincial por Cambiemos en 2015.